La investigación policial en la empresa Diviértete Animación Espectáculos, situada en La Línea de la Concepción, ha concluido con cuatro detenidos a los que se les acusa de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración clandestina, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según ha informado hoy la Policía Nacional, califica los resultados de la operación como una desarticulación de un clan familiar que operaba a través de un entramado de empresas de eventos con sedes en La Línea de la Concepción y Jimena de la Frontera.
El pasado martes, agentes de la Policía Nacional registraron la sede de la empresa en La Línea y llevaron detenidos a Comisaría a cuatro personas para la toma de declaraciones. Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles, quedando en libertad con prohibición de salida del país y retirada de pasaportes.
Entre los implicados figuran el matrimonio propietario de la empresa y el exconcejal de Los Barrios Daniel Pérez Cumbre, quien también ha sido puesto en libertad, sin necesidad de abonar fianza.
Pérez Cumbre había abandonado recientemente su actividad política en el ayuntamiento de Los Barrios, donde había obtenido su acta de concejal por el partido localista Los Barrios 100x100. En marzo de este año renunció a su acta de concejal alegando motivos personales, decisión que coincidió con su incorporación a la empresa como trabajador. Durante su etapa como edil, estuvo al frente de áreas como Cultura, Juventud, Festejos y Ocio.
Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, fruto de una intensa investigación desarrollada desde el pasado mes de enero, se han llevado a cabo cuatro entradas y registros simultáneos en domicilios y naves industriales de La Línea, así como en una vivienda en Jimena, donde se intervinieron grandes cantidades de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación.
La investigación se inició al tener conocimiento de la posible explotación de trabajadores en situación irregular en una conocida empresa de eventos de la zona, permitiendo identificar un entramado empresarial controlado por una misma familia, compuesto por varias sociedades, algunas de ellas inactivas y con importantes deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Tributaria (AEAT).
Según la Policía, estas empresas habrían obtenido adjudicaciones públicas en distintos municipios andaluces presentando ofertas por debajo del valor base de licitación. Posteriormente, acumulaban deudas y quedaban inactivas para dar paso a la creación de nuevas sociedades con las que continuaban operando, eludiendo así sus obligaciones legales y fiscales.
Para abaratar costes, empleaban a trabajadores extranjeros en situación de especial vulnerabilidad, muchos de ellos en situación administrativa irregular y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. También contrataban a trabajadores nacionales en condiciones fraudulentas, con contratos parciales o sin contrato alguno, incumpliendo de forma sistemática la normativa laboral, según ha explicado la Policía.
En este sentido, ha indicado que los empleados eran obligados a trabajar hasta 12 horas diarias sin descanso, recibiendo sus turnos apenas unas horas antes, lo que les obligaba a estar disponibles permanentemente. Admeás, en los picos de trabajo llegaban a encadenar más de 14 días consecutivos de trabajo sin descanso, sin recibir alimentación ni bebida y durmiendo en furgonetas en condiciones insalubres. Aquellos que protestaban, eran objeto de vejaciones e insultos.
Asimismo, según ha explicado la Policía, carecían de formación y de medidas de prevención de riesgos laborales, trabajando sin equipos de protección individual. Eso hizo que algunos trabajadores sufrieron accidentes de diversa gravedad, siendo instados por los responsables a acudir por su cuenta a centros sanitarios y a ocultar que se trataba de accidentes laborales con el objetivo de evitar inspecciones.
La Policía ha señalado que durante la investigación, gracias a las vigilancias y declaraciones recabadas, se ha podido constatar el estado de deterioro de muchas de las atracciones utilizadas por el entramado empresarial, algunas de las cuales han provocado accidentes entre los usuarios. No obstante, pese a conocer el riesgo, los responsables obligaban a los empleados a instalar y operar estas atracciones.
Finalmente, ha apuntado que los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles, quedando en libertad con prohibición de salida del país retirada de pasaportes.
